Gobierno debe $47.3 millones de pensiones y tiene 10 días para pagar

Gobierno debe $47.3 millones de pensiones y tiene 10 días para pagar

Los banqueros urgieron al Gobierno que logre los acuerdos políticos necesarios para asegurar el pago “total y puntual” del pago de los Certificados de Inversión Previsional.

Los directores de los principales bancos establecidos en el país urgieron al Gobierno a que pague su deuda. /Foto a

Por Karen Molina

Jun 27, 2017- 21:00

A 10 días de que se cumpla la fecha límite para que el Gobierno pague los primeros $10 millones de deuda, de un total de $47 millones que corresponden a este mes, los presidentes de todos los bancos nacionales advirtieron de las graves consecuencias que sufriría el país si el Gobierno cae nuevamente en un impago.

Raúl Cardenal, presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), señaló que el país no solo tendría nuevamente una degradación en su calificación crediticia sino que, además, se perdería el acceso al financiamiento internacional y local. Se perderían fuentes de empleo, aumentaría la pobreza y todas las actividades económicas se verían reducidas.

Asimismo, un segundo impago derivaría en una reducción en la recaudación de impuestos para el Estado, lo que conllevaría a un aumento del déficit fiscal, y con ello un deterioro en los servicios públicos. “Esto nos podría llevar a una recesión”, advirtió Cardenal.

En el sistema financiero, los bancos se financiarían con dinero más caro y, por ende, esto repercutirá en un alza de las tasas de intereses de préstamos personales o hipotecarios, y en una contracción de los créditos a todo nivel.

“En la medida que el riesgo del país disminuya, habría mucho menos oferta de financiamiento externo e interno”, señaló.

Además los bancos locales dejarían de prestarle dinero al Gobierno, a través de la compra de Letes del Tesoro (Letes) y otros instrumentos financieros.

El llamado fue contundente: “Urgimos a que se generen los acuerdos políticos que aseguren el total y puntual pago de los vencimientos de capital e intereses de los Certificados de Inversión Previsional”, sostuvo Raúl Cardenal, presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña, que representa a 11 bancos a nivel nacional.

En total son $47.3 millones los que el Gobierno debe pagar a las AFP a partir del 8 de julio. El pago debe estar completado el 20 de julio, según una calendarización de pago (ver recuadro anexo).

De esos $47 millones el Gobierno solo ha conseguido $33 millones que le alcanzan para pagar apenas las tres primeras amortizaciones.

Pero aún faltan $14 millones que deben completarse al sumar capital e intereses.

Si el Gobierno no los paga, se arriesga a caer en un nuevo impago, como ya sucedió el 20 de abril pasado, cuando decidió no abonar $56 millones de deuda. Ese mismo día la calificadora Standard and Poor’s declaró al país en “default selectivo” por no cumplir con ese pago específico.

Ese dinero debió incluirse en el presupuesto general de 2017, por ser un pago que Hacienda sabe que hace todos los años. Sin embargo, el ministro Carlos Cáceres decidió no incluirlo, alegando que esperaba una reforma de pensiones con la que se resolvería el problema.

Según Cardenal, este primer impago detuvo muchos desembolsos de créditos, pero su efecto no fue mayor debido a que el Gobierno pagó la cuota varios días después y se logró subsanar con rapidez el impasse financiero.

“En esta segunda oportunidad va a ser más difícil revertir los efectos de otro impago, y que las calificadoras eliminen la nota”, señaló.

Adicionalmente, aunque el país pagó el dinero unos 20 días después de la última fecha, las calificadoras le han mantenido las más bajas calificaciones crediticias.

Aunque la agencia Standard and Poor’s le retiró la calificación de “default selectivo” al país, éste aún tiene una calificación de “CC”, la más baja en su categoría.

Recesión

La banca ya tiene antecedentes lamentables de una recesión económica.

Rafael Barraza, presidente de Banco Agrícola, recordó que entre 2008 y 2009, los bancos locales vieron restringido el crédito externo al sector financiero en un 50%, lo que derivó en una reducción de crédito al sector privado de un 25% y, con ello, a una caída del 4% de la economía nacional.}

Y eso que en ese momento el país aún tenía “grado de inversión”, lo que le facilitaba el acceso a crédito.

Esta vez, con una calificación tan baja, conseguir dinero externo será más difícil.

Carlos Araujo, presidente de Banco Azul, dijo estar preocupado y lamentó que el país llegue siempre a último momento para resolver sus problemas fiscales.

“No necesitamos llegar a los últimos momentos para solucionar los problemas y crear esta incertidumbre que obviamente afecta el desarrollo de la economía”, dijo Araujo.

De acuerdo con el banquero, “después del primer impago una crisis más significaría más tiempo para recuperarse”.

Valga aclarar que actualmente el Gobierno no puede salir a buscar financiamiento externo, pues su calificación de riesgo le obligaría a pagar tasas de intereses muy altas.

El presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Enrique Anaya, le da el beneficio de la duda al Gobierno. Cree que, como ya hizo todos los arreglos legales para conseguir los primeros $33 millones, es posible que tenga o busque esta semana los otros $14 millones que aún faltan. De hecho, el lunes el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que el Gobierno está haciendo los esfuerzos por conseguir el dinero para pagar el capital de esa deuda.

Medidas paliativas

Para no caer cada mes en este problema financiero, Abansa propuso ayer tres medidas con las que se podría resolver el problema fiscal a largo plazo. El primero es que el Gobierno cumpla con la Ley de Responsabilidad Fiscal que aprobó hace varios meses

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