Gobierno debe pagar $900 millones en amortización de deuda desde julio
Eso sin contar con los pagos atrasados que en los últimos años han rondado más de $300 millones.
No pagar uno de estos compromisos provocaría un impago con consecuencias negativas. / Foto Por Archivo
Por Karen Molina
Las cuentas por pagar que tiene el Gobierno comienzan a acumularse a partir de este mes.
De julio en adelante el Gobierno tendrá que amortizar unos $900 millones de deuda que se reparten entre Letras del Tesoro (Letes), Certificados de Inversión Previsional (CIP) y bonos que debe pagar a bancos y a inversionistas extranjeros.
Eso sin contar con unos $300 millones en promedio que el Gobierno ha mantenido como retrasos de pagos a subsidios y otros programas sociales en los últimos años y que también se acumularán al final del año.
José Andrés Oliva, investigador del Departamento de Estudios Económicos de Fusades, explica que a partir de este mes el Gobierno debe administrar mucho mejor sus fondos y conseguir nuevas fuentes de financiamiento para evitar cualquier impago que repercuta negativamente en la economía nacional.
“Nos preocupan todos los pagos que se deben hacer. Hay que enviar señales de certidumbre y de planificación”, señaló Oliva.
El pago de las cuentas es un tema en la mira de los economistas desde que en abril pasado el país cayó en impago al no cancelar $56 millones que correspondían a capital e intereses de la deuda que generan los Certificados de Inversión Previsional (CIP) con el que se pagan las pensiones.
A pesar de que Hacienda contaba con el dinero, decidió no pagarlo, lo que provocó una degradación de la calificación crediticia y por tanto, una mayor desconfianza de los inversionistas extranjeros y locales.
El próximo 8 de julio comienza el pago de $47.3 millones en CIP’s para lo que la Asamblea Legislativa ya aprobó reasignaciones presupuestarias con las que podría saldar el pago sin ningún problema.
Sin embargo este mismo mes el Gobierno tiene que pagar unos $102 millones en Letes más otros $30 millones de amortización de préstamos internos y externos. Según las cifras de Fusades, todas las deudas suman unos $179.1 millones solo en julio.
No pagar estos compromisos o cancelarlos de forma parcial llevarían al país a una nueva calificación de “default” o impago selectivo por parte de las agencias calificadoras.
¿Tendrá dinero?
La disponibilidad de dinero sigue siendo una incógnita. El pago de Letes, por ejemplo, sumaría este año unos $583 millones, que casi siempre se pagan con un “roll over” o un refinanciamiento. Sin embargo, Fusades indica en un documento con su posición institucional que la baja de la calificación crediticia que el país arrastra desde que cayó en impago hará más difícil.
Hasta ahora el único impago ha sido el de los CIP’s y no porque Hacienda no tuviera dinero, sino más bien por interpretaciones de ley para no pagar deuda con fondos propios sino con más deuda.
El exministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, ha insistido en que el Gobierno tiene recursos suficientes para pagar, pero no ha sabido administrarlos bien, sobre todo en el tema del gasto.
Por eso mismo para Oliva hoy más que nunca es impostergable que se comience a trabajar en un ajuste fiscal que garantice el financiamiento de todos estos pagos.
Ahí entra en juego la administración de los gastos y la obtención de recursos frescos.
Por el lado de los gastos, Oliva recuerda que en los últimos años el Gobierno ha tomado diferentes medidas para mejorar el gasto. El subsidio a la energía eléctrica se ha limitado a $3 y $4 dependiendo del consumo familiar. Los beneficiarios del programa Comunidades Solidarias Rurales han disminuido en unos 25 mil personas.
Así que con estas medidas, el Gobierno debería tener más ahorros y utilizarlos para pagar sus deudas.
Carlos Araujo, presidente de Banco Azul y parte de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) dijo que no es sano que el país espere hasta última hora para encontrar financiamiento de aquellos gastos que no tienen fondos asignados.
Además, Oliva dice que estos recortes no son suficientes para un ordenamiento financiero que garantice estabilidad. “Es una combinación de todo: hay que buscar fuentes de financiamiento, reasignar fondos y también hacer un acuerdo precautorio con el Fondo Monetario Internacional”, señaló el investigador económico.
Este último punto traería consigo algunas alternativas como el incremento de impuestos que el país tendría que discutir.
A esto se le suma la discusión por una reforma de pensiones que podría disminuir el gasto fiscal del Estado.
“La propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) cumple con los términos indicados”, señala el tanque de pensamiento en uno de sus documentos oficiales.