Para ello realiza estudios con el fin de verificar si hay normas o políticas públicas que limitan la competencia; investiga si las empresas cometen prácticas anticompetitivas, y autoriza cierta

s fusiones y adquisiciones con el objeto de mitigar riesgos de concentración en el mercado.

La herramienta que más utiliza la SC para ejecutar esas tareas son los requerimientos de información. La Ley de Competencia (LC) le faculta para pedir cualquier tipo de información. Incluso información confidencial.

A fin de garantizar la protección de la información confidencial, la LC establece que la SC debe manejarla en un expediente separado, y a éste únicamente tiene acceso el titular de la información y un custodio nombrado por la institución. Facilitar la información a terceros puede provocar la destitución del funcionario responsable, multas por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública e, incluso, sanciones penales.

Este año la SC adoptó un criterio nuevo respecto al manejo de la información confidencial.

En una investigación expresó que se le violaría el derecho de defensa a los investigados si no se les daba acceso a la información relevante y confidencial provista por una empresa. Así, la SC puso sobre la mesa el conflicto entre garantizar el derecho de defensa de los investigados –dándoles acceso a toda la evidencia– y el derecho a la intimidad de quien suministró información confidencial.

El conflicto era real, y era preciso resolverlo. La SC se decantó por garantizar el derecho de defensa y sacrificar el derecho a la intimidad. A partir de este año, aunque una empresa provea información confidencial a la SC, esta podrá hacerla del conocimiento de terceros si lo estima necesario.

De ese modo, a quien entregue información confidencial a la SC no se le puede garantizar que esta no la hará del conocimiento de terceros. Incluso podrá ponerla a disposición de los competidores del titular de la información.

Antes de que se adoptara ese criterio, la SC resguardaba tanto el derecho de defensa de los demás investigados como el derecho a la intimidad de quien provee información confidencial. No sacrificaba uno ni otro.

La solución que antes se adoptaba era resolver los casos únicamente con la información pública. De ese modo mantenía protegida la información confidencial. Así se resolvieron todos los casos hasta 2013. Inclusive, con el uso de esa solución, la mayoría de casos resueltos por la SC terminaron en condenas por considerarse que había prueba suficiente para demostrar el ilícito.

Lo anterior revela que la solución que existía antes pudo haber sido mejor que la actual, pues garantizaba: 1. El derecho de defensa de los investigados; 2. El derecho a la intimidad de quien proveía información confidencial, y 3. La efectividad de las investigaciones. Con el nuevo criterio se sacrifica el derecho a la intimidad para salvaguardar los otros dos aspectos.

La SC cuenta con herramientas que ninguna otra autoridad administrativa tiene para recopilar información. Puede entrar a un establecimiento de manera sorpresiva y forzosa para recabar prueba, y puede ofrecer a uno de los investigados un trato más favorable a cambio de que incrimine a los demás investigados y le facilite prueba para ello. Con todas esas herramientas investigativas a su disposición, probablemente era innecesario que la SC sacrificara el derecho a la intimidad para poder tener investigaciones efectivas.

En todo caso la SC ya ha fijado su posición. Lo que corresponde ahora es que los ciudadanos y empresas conozcan esas nuevas reglas del juego en materia de manejo de información confidencial y, de ese modo, puedan tomar decisiones informadas.