En octubre se avecina una tormenta fiscal para el Gobierno

Se acumulan pago de pensiones y amortización de $91 millones de deuda previsional.

El Gobierno debe buscar pronto el financiamiento para los compromisos que se acercan. / Foto Por Shutterstock
Octubre será un mes decisivo para las finanzas del Gobierno. No solo tiene que disponer obligadamente de unos $40 millones para pagar las pensiones a los jubilados del ISSS e INPEP, sino que además tiene que tener listos otros $91 millones más para pagar la deuda previsional que genera a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).

Si no lo hace pronto, eleva el riesgo de caer nuevamente en un impago y seguir perdiendo la credibilidad crediticia a nivel internacional.

Los días corren en su contra. A esta fecha faltan 20 días para que el Gobierno pague la primera cuota de amortización de la deuda previsional a las AFP. El primer pago debe hacerse el 4 de octubre hasta completar los $91 millones al final del mes.

Además de eso, el Gobierno debe haber arreglado los vacíos fiscales que tenía el presupuesto de este año y para lo cual se necesitan al menos unos $300 millones.

Sin embargo, los esfuerzos para cumplir con cada uno caminan a paso de tortuga.

El dinero para el pago de pensiones está asegurado para este mes, pero el Gobierno se quedaría sin dinero en octubre, pues ya no puede emitir más Certificados de Inversión Previsional (CIP), tras alcanzar el 45% permitido por ley.

Para conseguirlo, ha solicitado un cambio de ley para que las AFP ya no solo compren CIP sino que también puedan comprar otros instrumentos financieros y obtener el dinero para el pago de pensiones.

El abogado del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Enrique Anaya, afirmó que esta medida es un fraude a la Constitución de la República.

“Es impresionante que Capres asuma que con el simple cambio de nombre de los títulos valores que emita el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) se supera la prohibición que dispuso la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de no superar el límite máximo del 45%”, afirmó.

Tomando dinero de donde se pueda

En cuanto a los mecanismos para obtener los $91 millones para el pago de la deuda previsional, Fusades señaló que el Gobierno está tomando dinero de otras partidas presupuestarias para solventar el próximo pago sin que estos garanticen su estabilidad.

Los $57 millones de dólares de deuda que pagó en julio pasado salieron de los ingresos de CEPA así como de la concesión de frecuencias de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), y dinero que se recuperó del litigio de Pacific Rim, entre otros.

Para Andrés Olivo, economista de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), estos no son ingresos permanentes, por lo que no garantizan que cuando haya una nueva fecha de pago, el dinero esté listo para usarse.

“Lo ideal sería que hubiera una fuente de financiamiento segura y estable”, dijo el economista.

Para Olivo, lo ideal sería que el país estuviera trabajando desde ya en una reforma fiscal integral en la que se incluya una reforma de pensiones que amortigüe los problemas fiscales que tiene el país.

Sin acuerdos

No obstante todo tema sobre financiamiento y pensiones se sigue discutiendo en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y no hay aún ningún acuerdo.

En discusión está la solicitud del Gobierno de emitir $260 millones en bonos para pagar pensiones en lo que resta del año. Pero los diputados también tienen en sus manos más de cuatro propuestas de pensiones, que no encuentran un punto en común para su aprobación.

De hecho, cuando los diputados creían que ya había un consenso sobre la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) el Gobierno presentó otra más, con lo cual se alarga el tiempo para estudiarla y someterla a consideración de los legisladores.

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), René Novellino, dijo ayer que la propuesta que está planteando el Gobierno no tiene fundamentos técnicos y mantiene la idea de crear un sistema de reparto tomando el dinero de los cotizantes actuales. Tampoco hay un acuerdo sobre los ajustes fiscales, sobre todo los que ha requerido el Fondo Monetario Internacional, pues plantea desde crear nuevos impuestos hasta hacer recortes a subsidios y al escalafón en algunas instituciones.

El economista Oliva asegura que el tema es muy preocupante tomando en cuenta que en los últimos meses se avecina el pago de aguinaldo para empleados públicos, así como otros gastos obligatorios.

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